En Chile, la Universidad Pública desaparece con el nacional-desarrollismo y, por ende, desaparece con la implantación de la Dictadura cívico-militar. En ese tiempo, el estatuto de lo público era también comprendido como nacional y con una acción preferente de lo estatal. Y es un tiempo relativamente breve de estabilidad, alrededor de treinta años, que va desde 1931 a 1962-1963, es decir desde la promulgación del Estatuto Orgánico de Enseñanza Universitaria que se hace cargo de la Constitución de 1925 a los inicios de las Reformas Universitarias, que fueron muchas y de distinto signo, dependiendo la universidad y la sede de esa universidad. No tuvo la misma intensidad en las sedes regionales de la entonces Universidad Técnica del Estado o en la Universidad Católica de Santiago, pero tendemos a pensar la reforma universitaria como solo una, pero en realidad es más bien un ciclo de descomposición de la idea de universidad nacional-desarrollista, de corte humanista y universalista que se correspondía a la vez con un tipo de intelectual de la misma índole y que participaba activamente en el espacio público desde la Universidad.
Con las reformas universitarias se abre paso, por un periodo de más menos diez años, a la germinación de varios proyectos de universidad democrática-nacional y que se correspondía con otro tipo de intelectual, el comprometido, ya fuese revolucionario, reformista o contrarrevolucionario, pero que convivían en el espacio universitario. Ese proceso de gestación de la universidad democrática-nacional se ve interrumpido por el Golpe Militar.
La primera etapa de intervención militar en las universidades, que es la etapa más dura y que transcurre desde el Golpe de Estado en 1973 hasta 1975, se caracteriza por un reacomodo de posiciones entre los sectores que habían quedado a la zaga en las reformas universitarias, particularmente los reformistas y contrarrevolucionarios, desplazando a los sectores revolucionarios en la toma de decisiones que se ven expulsados de la universidad y generan ese vacío de poder al ser exiliados, desaparecidos y exonerados.
Después de esta razzia, que dura alrededor de un año y medio, lo que existe es la implantación de un modelo de universidad subsidiaria en la que los sectores intermedios, en este caso el estamento académico, gestiona a las universidades como su propiedad para generar una idea de lo público, y que se concreta con el DFL 1 de 1980 y con la Ley Orgánica Constitucional de Educación de 1990. El resto de los actores del mundo universitario, funcionarios y estudiantes, se transforman en irrelevantes desde el punto de vista del espacio universitario por carecer de esa capacidad de gestión del poder en ese espacio y solamente se presentan como reactivos a las decisiones del estamento académico, que hace efectivamente suya la universidad.
También podría decir que desde 1975 se instala la idea y la forma de que la universidad es un espacio gestionado privadamente a través del aparato estatal (principalmente a través del financiamiento) para construir una idea de lo público que es, consecuentemente, la extensión de la voluntad de los privados, y que es una de las bases de la socialidad chilena de los últimos cincuenta años.
Una manera clave e ilustrativa de entender este problema lo puedo enfocar desde el tipo de conformación del estamento académico, principalmente a través de la dinámica de inclusión/exclusión de quien ingresa a conformarlo. La mayoría de las veces responde a la capacidad de agencia que un individuo puede tener en el grupo académico, en el que se activan las redes de afiliación (ya sea a través de relaciones personales, de afinidad política o de intereses disciplinarios), en lo que es importante y determina la inserción es cuan receptiva es esa red a ese individuo, ya que eso da cartas de aceptación a la sociedad intermedia en la cual pretende establecerse.
Los concursos académicos son fiel reflejo de este tipo de dinámicas, dados los requisitos que se establecen para que el nuevo agente muestre sus credenciales que le garantizan poder acceder a dicho espacio. A veces, incluso, no es necesario que muestre credenciales, su currículum, dado que la comunidad académica le abre sus puertas de antemano por sus redes de afiliación previa y el concurso se transforma en una mera formalidad administrativa que no se puede refutar dado que cumple con la regla de transparencia que se supone representa.
Personalmente, he participado en varios concursos.
Una vez llegué a la entrevista personal y otra vez me lo adjudiqué. Ahí lo que pesaba era mi curriculum porque no poseo esas redes de afiliación, o por lo menos no las tengo en esos espacios a los que postule.
El 2018 postulé a un concurso en la Universidad de Chile, en el Departamento de Teoría de las Artes, en el área de Arte Latinoamericano, una mis especializaciones ya que mi tesis doctoral fue sobre la construcción conceptual de esa categoría entre 1960 y el 2000 a través de la crítica de artes y la curaduría. El requisito excluyente en ese concurso era estar en posesión del grado de Doctor en Historia y Teoría del Arte, que hasta donde se en esos momentos solamente se daba en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Essex. Esa condición generaba inmediatamente un corte gigantesco porque de todos los posibles participantes solamente podían concursas quienes habían obtenido su grado doctoral en esas dos universidades. Consecuentemente, ganó una persona que había estudiado en Buenos Aires y que según sé es amiga de la directora actual de dicho Departamento, con lo cual puedo pensar que ese concurso no fue más que una formalidad administrativa para ingresar a esa persona y que el concurso se diseñó a partir de su perfil en específico, eliminando de antemano cualquier posibilidad de "competencia" entre pares. En otras palabras, es una designación a dedo administrativamente correcta.
Cuando escribo esto hay otro concurso en ese mismo Departamento en esa misma Universidad, para hacerse cargo del área de Arte Contemporáneo, Crítica y Curaduría producto de la vacancia que dejó la muerte del profesor que se hacía cargo de esa área hace casi dos años. En este caso, la medida de inclusión/exclusión se hace a la hora de la evaluación, donde se le da el mismo puntaje a las cartas de recomendación que a las publicaciones y participaciones en congresos, que tienen usualmente naturalezas distintas, una al ser producto, generalmente, de procesos de evaluación mientras que la otra responde exclusivamente de la relación de confianza que se tenga con quien la extiende.
Sin embargo, uno de los elementos que se destacan y es llamativo en ese concurso es que haber realizado curaduría vale el doble que la publicación de escritos académicos o la participación en congresos de la misma naturaleza. Supongo que lo que ahí se busca es alguien con capacidad de redes con instituciones expositivas más que a alguien con un perfil propiamente académico-universitario. Lo extraño, por lo menos para mí, es que una universidad, la más importante de las “público-estatales”, no esté buscando a alguien que cumpla con un perfil académico-universitario sino que busque a un agente de campo que amplíe las redes de influencia o de contacto de ese Departamento y, por ende, de quienes la componen porque académico-universitariamente no tienen la capacidad. Para ello hay ya un nombre y que cumple con ese perfil: S.V., y espero equivocarme. Un departamento, una facultad, una universidad que necesita validarse de esa manera habla de las pocas capacidades e injerencia que tiene. Aunque claramente hay salvedades, mínimas pero las hay, porque su actividad intelectual es destacada y nadie podría decir lo contrario.
No puedo defender bajo ningún punto de vista el carácter académico-universitario actual y las condiciones de alta especialización en las que se sobrevive, pero dado que esas son las condiciones del mundo universitario, sería lógico o por lo menos esperable que reproduzca su propio modelo. Esta situación tiene una explicación histórica: al existir un mercado del arte limitado, por no decir escueto, en el país, la universidad para el caso de las artes, y en este caso también de la historia y la teoría del arte, se transformó desde los años ochenta en un ámbito compensatorio para esos agentes que no lograron acceder a ese limitado mercado. No existen editoriales interesadas sostenidamente sobre estos temas, salvo una que cumple más con entregar servicios editoriales a autores y de posicionamiento de su propia marca. Nadie es referente de este tema a escala nacional y, menos aún, internacional, porque no existe como espacio de producción intelectual sino simplemente como espacio de relaciones personales, que se reproducen como por mitosis.
Años atrás, el entonces Decano de la Facultad de Artes propuso a un actual profesor de ese mismo Departamento en un Consejo de Facultad, en el que estuve presente, a que se le contratara porque había cumplido con el doctorado que el mismo Decano había formado unos años atrás y al que había invitado a este profesor, como él mismo asegura en una entrevista que le hiciera Federico Galende en su libro Filtraciones (originalmente en el volumen III de esa serie). Ese Decano además fue el director de tesis de este profesor. Y ese Decano ahora suena como posible candidato a Rector de la Universidad de Chile, aparentemente respaldado por el Frente Amplio.
La universidad no es estatal, no es pública: es una corporación privada que construye lo público desde el aparato estatal. Es lo mismo que pasa con el caso Milico Gate, con el Paco Gate, con el Caso SQM, pero a escala mucho menor. Este pequeño ejemplo que acabo de exponer creo que ilustra muy bien esta situación. Años atrás se había identificado como endogamia por Mellado en varios escritos y varias de las ideas que circundan este texto vienen de ahí.
La única ley que funciona en el sistema artístico chileno es que “el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija…”. Pero el árbol no deja ver el bosque. Hace falta una reforma universitaria para que haya, efectivamente, un bosque.
